CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento estratégico que marca un giro en la política energética del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la creación de un comité científico de alto nivel para analizar la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking) en yacimientos no convencionales. Los rectores de las tres instituciones académicas más importantes del país —Leonardo Lomelí Vanegas de la UNAM, Gustavo Pacheco López de la UAM y Arturo Reyes Sandoval del IPN— manifestaron su total respaldo a esta iniciativa, comprometiéndose a aportar el rigor técnico y científico necesario para determinar si es posible realizar esta práctica bajo estándares de sustentabilidad y soberanía nacional.
El objetivo central de este esfuerzo coordinado es reducir la vulnerabilidad energética de México, que actualmente importa cerca del 75% del gas natural que consume, principalmente proveniente del sur de Estados Unidos. La mandataria federal enfatizó que no se trata de implementar el "fracking tradicional" —asociado históricamente a graves impactos ambientales y al alto consumo de agua—, sino de explorar nuevas tecnologías con menores efectos colaterales. "Lo peor que podemos decir es solo no, sin antes analizar las innovaciones que permitan fortalecer nuestra soberanía", señaló Sheinbaum al subrayar que el gas natural es un combustible de transición indispensable para alcanzar la meta de un 40% de energías renovables hacia el año 2030.
Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí destacó que el grupo de especialistas trabajará en un estudio integral que no solo mida la rentabilidad económica, sino también los costos sociales y ambientales. Lomelí advirtió que los recientes conflictos globales han demostrado los riesgos de depender energéticamente del exterior, lo que impacta directamente en la estabilidad de los precios y el bienestar de la población.
La máxima casa de estudios pondrá a disposición sus laboratorios e investigadores para ofrecer información clara y transparente a la sociedad, evitando interpretaciones ambiguas sobre el futuro de los hidrocarburos en territorio nacional.
En el mismo sentido, el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Pacheco López, reafirmó el compromiso de su institución como un pilar científico del Estado. Pacheco señaló que la UAM aportará su capacidad de innovación en modelos de economía circular y biorrefinerías para asegurar que, de llevarse a cabo la explotación de reservas en cuencas como la de Coahuila, se realice bajo los más estrictos criterios éticos y técnicos. "Entendemos el gas como un combustible puente", afirmó, resaltando la importancia de que la ciencia guíe las decisiones políticas para evitar la improvisación en un sector tan crítico para el desarrollo sostenible.
Desde la perspectiva técnica y operativa, Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), puso a disposición la vasta experiencia de sus ingenieros en el diseño y perforación de pozos, así como la capacidad de centros especializados como el CIEMAD para la mitigación de riesgos.
El IPN formará parte activa del Comité Científico sobre Fracturación Hidráulica, asumiendo dos ejes irrenunciables: la evaluación de la infraestructura técnica y la protección del entorno. Reyes Sandoval subrayó que la técnica debe estar "al servicio de la patria", priorizando siempre el cuidado del agua y la seguridad de las comunidades donde se encuentran los yacimientos de shale.
Finalmente, el comité, coordinado por Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, entregará una primera orientación técnica en un plazo de dos meses. La presidenta Sheinbaum aclaró que el proceso de decisión final constará de tres fases: la evaluación científica, una consulta profunda a las comunidades afectadas y, finalmente, la determinación gubernamental.
Con este respaldo académico, el Gobierno de México busca legitimar una posible apertura a la explotación de gas no convencional, siempre y cuando la evidencia demuestre que los beneficios para la nación superan los riesgos ambientales bajo el nuevo paradigma de "fracking sustentable".
