CIUDAD DE MÉXICO – En un movimiento que redefine la política energética de la actual administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 8 de abril de 2026 la apertura de un proceso de revisión científica para evaluar la incursión de México en la extracción de gas mediante tecnologías de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Aunque la prohibición de esta técnica fue uno de los compromisos emblemáticos al inicio del sexenio, la creciente dependencia del gas natural importado desde Texas —que ya alcanza el 75% del consumo nacional— ha forzado al Gobierno Federal a reconsiderar el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales en territorio mexicano, especialmente en las regiones del norte y la Cuenca de Burgos.
El anuncio, realizado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, marca un cambio de matiz respecto al rechazo rotundo de años anteriores. La mandataria instruyó la formación de un comité de expertos interdisciplinarios para determinar si las "tecnologías de extracción mejoradas" pueden minimizar el impacto ambiental y el uso de agua, factores que históricamente han alimentado la oposición social. "México no puede ignorar la paradoja de rechazar en casa la técnica que sustenta el gas que compramos afuera", señaló la presidenta, subrayando que la volatilidad de los precios internacionales y la inseguridad en las cadenas de suministro globales ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
En términos operativos, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha comenzado a trazar la ruta técnica para este viraje. Bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, la petrolera estatal incrementó en un 66% la inversión destinada a la exploración en campos maduros y complejos, como el proyecto Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec).
Los datos financieros del presupuesto 2026 revelan una asignación superior a los 4 mil millones de pesos para programas que requieren técnicas de estimulación hidráulica. Según analistas como Miriam Grunstein, académica de la Universidad de Rice, este enfoque busca capitalizar la continuidad geológica de las cuencas texanas en el noreste de México, donde se estima un potencial de recursos prospectivos que podría garantizar la autosuficiencia por décadas.
No obstante, la apertura al fracking ha encendido las alertas de organizaciones civiles y comunidades indígenas en San Luis Potosí y Veracruz. Representantes de pueblos originarios y colectivos ambientales, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, han denunciado que cualquier incursión en la fractura hidráulica, por más "tecnológica" que se presente, compromete irreversiblemente los mantos freáticos y la biodiversidad.
El debate se centra en el Artículo 4 constitucional sobre el derecho a un medio ambiente sano, enfrentando directamente la narrativa de soberanía energética con la realidad del estrés hídrico que atraviesan diversas regiones del país.
Desde el sector empresarial, la respuesta ha sido cautelosamente optimista. César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, y Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, coincidieron en que el aprovechamiento del gas nacional fortalecería la competitividad de la industria química y reduciría los costos operativos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Argumentan que, con un marco regulatorio estricto y el uso de agua tratada o técnicas de "fracking seco", México podría emular el modelo estadounidense para convertirse en una potencia energética regional, eliminando la vulnerabilidad ante eventos geopolíticos externos que suelen disparar las tarifas eléctricas domésticas.
La decisión final sobre la implementación a gran escala quedará supeditada a los resultados del análisis técnico que el Ejecutivo presentará ante el Congreso en el último trimestre de este año. Por ahora, la política energética mexicana parece transitar de un idealismo ambiental a un pragmatismo económico dictado por la necesidad de asegurar el flujo de gas.
El reto para la administración de Sheinbaum será demostrar que es posible extraer hidrocarburos de forma "sustentable" sin traicionar los acuerdos climáticos internacionales ni desatar una crisis social en las zonas de extracción.
