El Congreso de la Ciudad de México presentó ayer domingo una iniciativa de reforma que permitiría a las alcaldías intervenir de manera directa en la rehabilitación de áreas comunes dentro de unidades habitacionales. Esta propuesta, que a primera vista parece meramente administrativa, esconde un trasfondo político profundo: el control del voto en los grandes conjuntos habitacionales de la capital, que representan una porción significativa del padrón electoral. Actualmente, estas áreas son consideradas propiedad privada, lo que limita la inversión de fondos públicos locales.
La iniciativa busca que las alcaldías puedan usar presupuesto oficial para reparar luminarias, escaleras, elevadores y áreas verdes sin incurrir en faltas administrativas. Sin embargo, el debate en el Congreso ha sido intenso, ya que algunos legisladores temen que esta facultad se utilice con fines clientelares, favoreciendo a aquellas unidades habitacionales que muestren afinidad política con el alcalde en turno.
Ayer, diputados de diversas bancadas discutieron la necesidad de establecer reglas de operación claras y un comité ciudadano de vigilancia para evitar que el cemento y la pintura se conviertan en moneda de cambio electoral.
Este movimiento legislativo responde a una demanda histórica de los vecinos de unidades icónicas en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, donde el deterioro de la infraestructura es evidente. Al permitir que el gobierno local meta las manos en la mejora de estos espacios, se abre una puerta para que los políticos locales estrechen vínculos directos con las asociaciones de colonos, un eslabón clave en la estructura de movilización de cualquier partido político en la Ciudad de México.
