CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo de 2026 – En un ejercicio de transparencia que busca dimensionar una de las heridas más profundas de la sociedad mexicana, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó este viernes el balance actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La cifra oficial alcanza ya las 132 mil 534 personas, un número que no solo representa una estadística alarmante, sino una crisis humanitaria y forense que desafía la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia. Figueroa subrayó que estos datos son el resultado de un esfuerzo de depuración y unificación de bases de datos estatales y federales, buscando eliminar duplicidades y ofrecer un diagnóstico real sobre la magnitud del fenómeno.
Durante su comparecencia, la funcionaria destacó que la actualización del registro no implica necesariamente un aumento exponencial en las desapariciones recientes, sino una mejor sistematización de los reportes históricos que antes permanecían en la opacidad. Marcela Figueroa explicó que el enfoque actual del SESNSP se centra en la interoperabilidad de la información, permitiendo que las fiscalías locales y la Comisión Nacional de Búsqueda compartan datos en tiempo real.
Este avance tecnológico es crucial, ya que la fragmentación de la información ha sido, durante años, uno de los principales obstáculos para que las familias de las víctimas puedan avanzar en sus procesos de localización y justicia.
Un aspecto crítico abordado por la titular del Secretariado fue la distribución geográfica de estas desapariciones. Estados como Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México concentran la mayor parte de los reportes, vinculados en gran medida a la actividad de grupos delictivos y a la debilidad institucional en los municipios.
Figueroa señaló que el perfil de las personas desaparecidas sigue siendo mayoritariamente hombres jóvenes en edad productiva, aunque alertó sobre un preocupante incremento en la desaparición de mujeres y menores de edad en regiones específicas del centro del país. Este cambio en la demografía de las víctimas obliga a las autoridades a replantear las estrategias de búsqueda inmediata y prevención del delito.
En respuesta a las críticas de colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil, Marcela Figueroa aseguró que el Gobierno Federal ha incrementado el presupuesto destinado a los centros de identificación humana y laboratorios de genética. La funcionaria reconoció que existe un rezago forense significativo, con miles de restos sin identificar en los servicios periciales de todo el país.
La meta para el cierre de 2026 es reducir este "cuello de botella" institucional mediante la contratación de más especialistas y la implementación de protocolos de búsqueda que no dependan exclusivamente de la denuncia formal, sino de la acción inmediata en las primeras horas de la ausencia.
Por otro lado, la titular del SESNSP hizo un llamado a la colaboración internacional para fortalecer los mecanismos de búsqueda transnacional, especialmente en casos donde la migración irregular juega un papel determinante. Figueroa recordó que muchas de las personas registradas en la cifra de 132 mil 534 son migrantes de Centro y Sudamérica que perdieron contacto con sus familias al cruzar territorio mexicano.
La creación de una base de datos regional compartida con agencias de la ONU es uno de los proyectos pilares que el Secretariado Ejecutivo planea consolidar antes de finalizar el presente año, buscando dar respuesta a las familias que buscan desde el extranjero.
Finalmente, el mensaje de Marcela Figueroa cerró con un compromiso hacia la "verdad histórica y justicia restaurativa". La funcionaria enfatizó que detrás de cada número hay una familia que merece respuestas y un Estado que tiene la obligación de proporcionarlas. El registro de 132 mil 534 desaparecidos se mantendrá bajo actualización constante y consulta pública, permitiendo que la sociedad civil audite los avances y retrocesos en la materia. En un país que busca la pacificación, el reconocimiento de la magnitud de la tragedia es, según Figueroa, el primer paso ineludible para garantizar que estos hechos no se repitan y que cada persona ausente sea regresada a su hogar.
