Corrupción con Miguel Ángel Mancera
Varios funcionarios de Semovi involucrados

El laberinto de la Semovi: Las grietas de corrupción en la era Mancera

La gestión de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) sigue proyectando sombras sobre la Secretaría de Movilidad (Semovi), una dependencia que se convirtió en el epicentro de un entramado de irregularidades que van desde la asignación discrecional de concesiones hasta proyectos tecnológicos fallidos. Investigaciones recientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y fallos de tribunales internacionales han comenzado a desgranar cómo el servicio público de transporte fue utilizado como una caja de resonancia para intereses particulares, dejando una herencia de deudas y procesos legales que aún persiguen a exfuncionarios de alto nivel.

Uno de los puntos más críticos fue la implementación de las tabletas electrónicas para taxis, un proyecto que pretendía modernizar el parque vehicular pero que terminó en un litigio internacional. En marzo de 2026, un tribunal resolvió a favor del gobierno capitalino, confirmando que la cancelación del contrato fue justificada debido a irregularidades en la asignación y los costos excesivos que se pretendían imponer a los taxistas. Este esquema, denunciado por el sector transportista desde su origen, operó bajo un modelo de opacidad donde se favoreció a proveedores específicos sin licitaciones transparentes, evidenciando un "entramado de corrupción" que hoy es objeto de análisis detallado por las autoridades actuales.

La corrupción no se limitó a la tecnología; el manejo de las concesiones y trámites administrativos fue otro foco de infección. Durante años, la Semovi bajo el mando de figuras como Rufino H. León Tovar y Héctor Serrano, fue señalada por la proliferación de gestores externos o "coyotes" que, en complicidad con servidores públicos, agilizaban trámites de tarjetas de circulación y placas a cambio de sobornos.

Este sistema paralelo no solo mermó las arcas públicas, sino que generó un desorden operativo en el transporte concesionado, permitiendo que unidades sin los estándares de seguridad mínimos circularan libremente por la capital, protegidas por una red de impunidad institucional.

El alcance de estas prácticas ilegales se conecta con el caso del llamado "Cártel Inmobiliario" y el desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma. Documentos federales e investigaciones de organismos civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad han revelado que el modus operandi consistía en subcontratar servicios que la propia secretaría podía realizar internamente.

Se estima que cientos de millones de pesos fueron desviados mediante contratos para tareas contables y administrativas innecesarias, un esquema similar al utilizado en la Secretaría de Finanzas por Miguel Ángel Vázquez, el llamado "Zar de la nómina", quien fue una pieza clave en la arquitectura financiera de la administración mancerista.

A medida que las investigaciones avanzan, las detenciones de exfuncionarios han dejado de ser casos aislados para formar un mosaico de rendición de cuentas. La captura de personajes vinculados al espionaje político y al desvío de fondos destinados a pensiones y servicios públicos refuerza la tesis de que la Semovi fue una de las muchas "ventanillas" de una estructura mayor diseñada para el enriquecimiento ilícito.

El uso de cuentas en paraísos fiscales como Ginebra, Suiza, para triangular recursos provenientes de contratos públicos, marca la sofisticación de una red que trascendió las fronteras de la Ciudad de México y que hoy pone en jaque la carrera política de quienes lideraron estas dependencias.

Hoy, la capital enfrenta el reto de sanear una institución que fue vulnerada desde sus cimientos. La digitalización de trámites y la regularización de las aplicaciones de transporte son intentos por cerrar las puertas que la corrupción dejó abiertas.

Sin embargo, el costo social de la gestión de Mancera en la Semovi sigue siendo tangible: un transporte público rezagado, juicios millonarios que paga la ciudadanía y la desconfianza de un sector que, durante seis años, vio cómo el derecho a la movilidad se transformaba en un negocio de unos cuantos.

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