CIUDAD DE MÉXICO – En una sesión maratónica que refleja la urgencia social por el costo de la vida en la capital, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado hoy las nuevas reformas a la Ley de Vivienda y al Código Fiscal. El objetivo central es claro: poner un límite estricto a la expansión descontrolada de las plataformas de alojamiento temporal (como Airbnb y similares) en colonias que han sufrido un desplazamiento masivo de sus habitantes originales debido al fenómeno de la gentrificación. Esta legislación, que entrará en vigor el próximo mes, es la respuesta política más agresiva hasta la fecha para equilibrar el derecho a la vivienda con el dinamismo turístico de la metrópoli.
El punto más polémico de la reforma es el establecimiento de un "Techo de Ocupación Anual". A partir de ahora, los inmuebles destinados al hospedaje de corta estancia no podrán rentarse por más de 180 días al año, a menos que el propietario obtenga una licencia de uso de suelo comercial, similar a la de un hotel. Con esta medida, el gobierno capitalino busca incentivar que los propietarios vuelvan a colocar sus departamentos en el mercado de rentas de largo plazo, aumentando la oferta para los trabajadores y familias que han sido expulsados hacia la periferia del Estado de México.
Además de las restricciones de tiempo, se ha creado el "Impuesto de Retribución Vecinal". Este es un gravamen adicional del 5% sobre cada reserva digital, cuyos fondos estarán etiquetados exclusivamente para programas de vivienda social y mejoramiento de infraestructura en las colonias más afectadas, como la Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico. Según los legisladores, no se trata de prohibir el turismo, sino de asegurar que la derrama económica que generan los nómadas digitales y visitantes internacionales contribuya directamente a mitigar el alza de los alquileres para los residentes locales.
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Por su parte, las asociaciones de anfitriones y plataformas digitales han expresado su preocupación, argumentando que estas medidas podrían reducir la competitividad turística de la ciudad frente a otros destinos globales. Sin embargo, el consenso en el Congreso local fue que la cohesión social de los barrios está por encima del beneficio de las plataformas. La nueva ley también exige que todos los anfitriones se inscriban en un padrón público obligatorio, permitiendo a los vecinos denunciar ruidos molestos o irregularidades, lo que devuelve cierto control de la convivencia a las comunidades vecinales.
El futuro de la vivienda en la CDMX en este 2026 dependerá de la eficacia con la que se aplique esta normativa. Mientras algunas voces piden controles de precios aún más estrictos, otros ven en esta regulación el punto medio necesario para mantener a la Ciudad de México como un destino global sin sacrificar su identidad ni a sus habitantes. Esta batalla legislativa marca un precedente para otras ciudades de la República, como Guadalajara y Monterrey, que ya observan con atención los resultados de este experimento de política pública urbana.
